La posibilidad de que la Ciudad de Buenos Aires pase a tener injerencia en el Puerto Buenos Aires tienen intensidad proporcional al interés de quien disemine el rumor.

(Fuente: cronica.com.ar).- El asidero del trascendido comenzó débil. Se aferró a una breve respuesta dada por el interventor de la Administración General de Puertos (AGP), Gonzalo Mórtola, ante una pregunta realizada en el Rotary Club por la periodista Clara Mariño, semanas atrás: ¿Debe el puerto de Buenos Aires pasar a la órbita de la Ciudad?

“Es una muy buena discusión”, señaló Mórtola, tras agregar: “Trabajamos mucho con la Ciudad sobre todo en el entorno portuario”, reconoció.

Luego destacó: “Una parte debería tenerla el Estado nacional y otra la Ciudad de Buenos Aires, como pasa en el resto del mundo”, y deslizó la idea de “dividir las acciones del paquete accionario”.

Discurso y política

Los análisis que siguieron a estas declaraciones variaron entre “el cambio de discurso” oficial y la coyuntura que se respira ante “el recambio político”.

En principio, la autoridad final del Puerto Buenos Aires es el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, quien durante su gestión “nacional” en ningún momento consideró la posibilidad de un traspaso y subrayó siempre la naturaleza federal del puerto. Lo mismo hizo Mórtola frente a la AGP. Por esta razón, no pocos hablan de un cambio de discurso.

Pero ya había habido un “cambio de discurso” oficial al inicio mismo de la gestión de Cambiemos, en diciembre de 2015.

Con la migración desde la Ciudad a la Nación de los equipos de Transporte –y habiendo sido un reclamo histórico de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño el traspaso del puerto– se descontaba que, alienado el signo político entre los dos Ejecutivos, el traspaso administrativo del puerto sería un trámite natural en honor a la coherencia.

La gestión porteña

Los años pasaron y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, logró hacerse de la justicia y la policía –incluso del subte– pero no del puerto.

La Ciudad cumplió con los procedimientos administrativos de rigor, pero silenciosos.

Giró sin presión, realizó audiencias públicas en 2017 en el ámbito del espacio “Dialogando BA Puerto Buenos Aires” y armó unidades de proyectos especiales para redactar un proyecto de Ley de Puertos de la Ciudad de Buenos Aires para así crear luego una sociedad administradora del puerto, una vez que el puerto cambiara de jurisdicción. Pero nada pasó finalmente.

La conspiración política.

Luego está la hipótesis del “recambio político”, abonada por quienes se empecinan en lecturas entre líneas y dobles discursos.

Con una eventual derrota electoral a nivel nacional y con la Ciudad de Buenos Aires como único bastión sobreviviente del oficialismo, el paso del puerto a la Ciudad sería “la única manera” de garantizar que Cambiemos, o el PRO, pueda perpetuar su concepción en uno de los proyectos de infraestructura que mayor multiplicidad de intereses puede satisfacer.

Hipótesis que, además, busca reforzarse con la sensación de que la actual licitación del Puerto Buenos Aires podría claudicar, considerando que la apertura de sobres con las ofertas se realizaría sólo 8 días antes de un cambio de mando. Si resultara electo Alberto Fernández, la licitación se caería.

El arte de lo posible y las vías legales.

Que Mórtola se haya apartado discursivamente del relato marcial de Dietrich no debería habilitar per sé tantas presunciones y pensar en una jugada administrativa de tal calibre, nuevamente, a dos meses de las elecciones.

Pero, el librepensamiento aflora toda vez que las certezas no convencen. Y la política es el arte de lo posible.

Para que suceda una transferencia “hace falta una ley del Congreso”, subraya tajante el abogado especializado en derecho portuario Alfonso Mingo Jozami, autor de la única obra que sistematizó la normativa portuaria argentina: Ley de Actividades Portuarias: revisada, ordenada y comentada (Cathedra Jurídica, 2018).

“De querer efectuarse el traspaso, ello sería legalmente viable si primero se cumple con alguna de las siguientes alternativas: se suscribe un acta acuerdo entre ambos Gobiernos, en la medida en que ello fuera posteriormente ratificado por el Congreso y la Legislatura; se reformara la Ley de Garantías (ley Cafiero) contemplando dicha cuestión, o se volviera a la redacción original del artículo 11 de la Ley de Actividades Portuarias (ley 24.093, que cede la administración de los puertos a las provincias) por medio de una nueva ley del Congreso. Finalmente, sería necesario que la CABA sancione una ley de puertos local y defina sus límites sobre el Río de la Plata”, explica Mingo Jozami en su obra.}

Argumento porteño.

Desde la Ciudad, en el entorno de Jorge Cabrera, titular de la Unidad de Proyectos Especiales Puerto de Buenos Aires (creada por decreto por Rodríguez Larreta), sostienen en cambio que tal ley “no es necesaria” porque el Poder Ejecutivo tiene las facultades otorgadas por las leyes 23.696 (de Reforma del Estado, 1989), 24.093 (de Puertos) y el decreto 817/92, que desreguló el sistema de transporte fluviomarítimo y portuario.

“El (Poder) Ejecutivo (nacional) siempre tuvo que hacerlo (el traspaso) desde la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la reforma constitucional del 94”, precisaron.

Los tiempos legislativos

Más allá de lo que Dietrich sostenga, Mórtola analice y el mercado conspire, lo productivo sería pensar si en estos dos meses el Congreso de la Nación trataría un proyecto de esta naturaleza y aprobaría el cambio de jurisdicción del puerto.

Congreso al margen, latente siempre está la posibilidad de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que, eventualmente, también debería pasar por el Congreso, ser recibido por la comisión bicameral que elaborará un dictamen para su tratamiento inmediato por el plenario de ambas cámaras.

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