La denominada “ley Micaela” fue aprobada.

El Senado por unanimidad convirtió en ley el proyecto sobre capacitación obligatoria en género. La iniciativa tomó ese nombre en homenaje a Micaela García, una joven entrerriana víctima de femicidio en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos.

Una investigación del Observatorio de “Mumalá”, registró que el 93% de los femicidios de 2017 fueron perpetrados por hombres con vínculos cercanos a las víctimas, mientras que el 22% de esas mujeres habían radicado alguna denuncia previa a su agresor. Del total de las mujeres asesinadas, 14 eran niñas y adolescentes menores a 15 años. El 78% de ellas fueron abusadas y el 42% estuvieron desaparecidas. Asimismo, 10 fueron asesinadas por miembros de su familia.

La flamante norma designa al Instituto Nacional de las Mujeres, como la autoridad de aplicación, que deberá certificar la calidad de esas capacitaciones, y tendrá a su cargo las que correspondan a las máximas autoridades de cada poder. Las capacitaciones deberán ponerse en marcha dentro del primer año de vigencia de la ley y cada organismo estatal deberá definir la modalidad.

Pero esta loable iniciativa sancionada es solo un globo más.

Este mismo Senado, sancionó en noviembre pasado, el Presupuesto de ajuste que Macri y el FMI redactaron con fuertes recortes en múltiples áreas sensibles y las políticas de género son una de las ramas más perjudicadas por la voracidad del déficit 0 que se impuso el Gobierno de Cambiemos.

En el texto de la ley de leyes, el Instituto Nacional de Mujeres sufre una retracción presupuestaria del 18% serán $ 234,3 millones y que la inflación proyectada para 2018 sea de al menos 45 %, muestra el derrumbe de las posibilidades de trabajo que exisitrán en el ente nacional.

Un estudio señala que el Estado gastará en el 2019 solo $ 11,36 por mujer para combatir la violencia de género. Asimismo, los fondos destinados al monitoreo del Plan Nacional de Acción disminuyó de 50 millones a 32 para 2019.

Caso Marino: declara Claudia Guebel ante la Justicia

El juez federal Ariel Lijo ordenó medidas de prueba y le pidió informes al Senado, que habían sido solicitadas por el fiscal Federico Delgado, en el marco de la causa en la que se investiga al senador radical Juan Carlos Marino por acoso sexual a la empleada legislativa Claudia Guebel, quien denunció al legislador pampeano, a Pedro Fiorda, jefe de despacho del senador; y a Juan Carlos Amarilla, que se desempeña como asesor en el despacho del diputado “amarillo” Alfredo Olmedo.

Guebel declarará en “cámara Gesell”, un método que se emplea para tomar declaración a las víctimas y preservarlas.

PROA Al Futuro RADIO. Producción General: Ricardo Adolfo Ferradas. Dirección Periodística: Marcelo Muchi

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