Casación ingresará con un listado de empresarios (por ahora) intocables.

El ofrecimiento de “colaboración” de Roberto Baratta a Casación y a la Corte Suprema sin modificar su situación ni pedido especial generó incomodidad en Tribunales. Nunca se había generado una situación semejante, con la aclaratoria que no sería un arrepentido pero que no confiaba en la instrucción del juez. Intentarán que esa brasa caliente se diluya con el paso de la feria.

Una sutileza: Baratta firmó el escrito con una huella dactilar.

Baratta ingresó su pedido de excarcelación a Casación, que podría ser tratado en enero por las autoridades de feria.

En otro escrito, el ex funcionario de Planificación apuntó sobre dos directivos del Grupo Techint: Carlos Bacher y Daniel Novegill.

El primero era director de la constructora y el segundo de Siderca/Siderar con incidencia en Sidor en Venezuela y eje de la coartada del holding al admitir pagos al gobierno kirchnerista.

También el amigo del presidente Mauricio Macri, Marcelo Mindlin recibió menciones.

Más allá de que le fue dictada una falta de mérito que la Cámara Federal no analizará por estar convalidada por los fiscales Carlos Sotornelli y Carlos Rívolo, Baratta señala que en el juzgado jamás cruzaron sus llamados telefónicos con el dueño de Pampa Energía. Aun así, dijo que el empresario en su indagatoria dijo la verdad sobre nunca haber pagado ni haber sido conminado a entregar sobornos por esa firma.

Baratta también apuntó a otras empresas (por ahora) irradiadas de las esquirlas de la investigación: Riva SA, Fontana Nicastro, Marcalba y Farallón –de Eduardo Gutiérrez enjuiciado como testaferro de José López

Todas ellas, aseguró, tienen en común haber sido aportantes de campaña de Cambiemos.

También acumularon menciones de Wagner sobre reuniones en la “camarita” para organizar el reparto de obra pública cartelizada.

La contracara de “cuadernos” ha sido Odebrecht: de las obras en la mira, la Justicia consideró que tanto la brasileña como los exfuncionarios se habían beneficiado y que del proceso de defraudación contra la administración pública habían participado las firmas que simulaban competir con el consorcio ganador, a sabiendas de que se trataba de una maniobra ficticia para darle visos de legalidad a la licitación.

En la causa principal, Baratta volvió a apuntar a Julio César Crivelli el flamante presidente de la Cámara Argentina de la Construcción que reparte también su nuevo rol con experiencia de mecenas del arte. Recordó que fue denunciado en un listado de 1200 firmas que la AFIP investigaba por utilización de facturas apócrifas y que las empresas involucradas en la causa utilizan los servicios jurídicos de su bufete.

Entre los señalamientos del exfuncionario se contabilizan varias advertencias: detallar la participación de Cartellone (excluida de cualquier consideración pese a que cuenta con 12 menciones en el Excel aportado por Clarens de supuestos pagos) o de la propia Eleprint, de Gustavo Weiss, antecesor de Crivelli en el momento del estallido del escándalo.

Sobre Dycasa señaló también una cuestión desigual en la investigación; y sobre EMEPA, de Gabriel Romero, indicó que son sugerentes los motivos por los cuales no se les revocó la concesión de la Hidrovía.

Una pista interesante que sugirió Baratta fue que Clarens no dijo toda la verdad en su indagatoria cuando afirmó que en 2013 algunas empresas llevaron dinero para la campaña electoral K y recordó en particular a Esuco (Wagner), Cartellone, Chediak y Roggio.

La locación de esos encuentros era en un departamento de Puerto Madero. Allí se graficó que no había extorsión y que tampoco incidió la “cartelización” que describía Wagner. Ese departamento, supuestamente, era de un exasesor y exfuncionario del exsubsecretario de Obras Públicas José López. Parte del listado de Clarens es clave: allí se describen maniobras de sobreprecios por las obras otorgadas. Esa lista puede causar un cisma.

Misión “emprolijar”

La Cámara Federal recibió una orden indirecta de la Corte Suprema para “emprolijar” la instrucción de la causa “cuadernos” con su fallo del jueves pasado. No hubo sorpresas por el aparente beneficio a los empresarios con el cambio de calificación. La orden no escrita apuntaba a homologar cierto criterio jurídico a lo que los operadores judiciales analizan como una “maraña” difícil de decodificar que fueron los primeros procesamientos dictados por el juez. La intención era que escale lo más ordenadamente posible ante el “apuro” que perciben en Bonadio para elevar a juicio el primer tramo del expediente, en tiempo record para Comodoro Py. La Oficina Anticorrupción, una de las principales querellantes analizarán los alcances de lo dispuesto por el tándem Bruglia-Bertuzzi pero no bajo el cariz de una apelación que, en términos legales, no tendría asidero en Casación por no tratarse de sentencia firme o equiparable. Si nada obstruye una eventual elevación, apostarán por no extender los plazos. La fiscalía había sido mucho más dura con todo el paquete y al menos simularon que las prisiones preventivas debían extenderse a todos los que hubieran sido procesados por asociación ilícita y decenas de hechos de dádivas o cohecho. La Cámara sólo los conformó revirtiendo la falta de mérito a los supuestos “valijeros” por parte de las empresas, señalados en los “cuadernos” como los entregadores del dinero de parte de sus jefes. 

PROA Al Futuro RADIO. Producción General: Ricardo Adolfo Ferradas. Dirección Periodística: Marcelo Muchi

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