“No parece lícito ofrecerle a la sociedad una respuesta de seguridad por un 0,66 %, cuando no se la damos en el 99,4 %”, de los casos enfatizó el juez Penal de Niños y Adolescentes de la ciudad de Paraná Pablo Barbirotto y puntualizo: “Estamos haciendo responsables de la inseguridad a las personas menores de 16 años de edad”.

Para Barbirotto, “pretender solucionar un problema social y de pobreza estructural con el código penal, porque en Argentina el 50,2 % de los chicos son pobres, no solamente es inútil si no que es una locura, desde ya”.

“Que pasa después de bajar la edad de punibilidad – siempre va a haber chicos menores de 15 años que puedan cometer un delito, es un problema cíclico, siempre vamos a estar en esta discusión. Como se lo dijimos en el 2017 al ministro de Justicia Germán Garavano y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich es que lo más importante, antes de dar un buen sistema penal, es dar un buen sistema de protección de derechos”, resaltó el magistrado.

El juez Penal de Niños y Adolescentes de Paraná, Pablo Barbirotto, fue contundente en la crítica al proyecto que el Gobierno de Cambiemos intenta retomar sobre la baja de la edad de imputabilidad. “Primero, el término conceptual y terminológico que el propio gobierno y todos los que están operando para que salga este proyecto, confunden los términos porque no es imputabilidad si no que es punibilidad. Es la posibilidad de aplicación de una pena lo que estamos discutiendo, la imputabilidad hace referencia a la capacidad para comprender o no la criminalidad de un acto, algo totalmente diferente porque una persona adulta también puede ser inimputable”.

“La pregunta seria que debe hacerse es si es necesario bajar la edad de punibilidad antes de elaborar un proyecto de ley. Primero, si hacemos la pregunta en los medios y las redes sociales, mucha gente va a estar de acuerdo, algunos políticos van a decir que es necesario bajar la edad (de punibilidad) basándose en que es uno de los factores más importantes de la inseguridad que se vive en el país y, esto ocurre generalmente – que no fue en este caso – cada vez que algún adolescente de 14 o 15 años pobre, arremete o se lo impute directamente, contra alguien de la clase media”. Además, explicó, “No es necesario, porque estadísticamente todos los estudios sociológicos serios hacen referencia a que el delito cometido por personas menores de edad, es ínfimo en relación al cometido por adultos. Según estadísticas que maneja el propio Congreso, en menores de 18 años de edad, no llega al 1 % del universo de los delitos que se cometen en todo el país, es decir, de cada 10 delitos que se cometen, uno o menos de uno es cometido por una persona menor de 18 años de edad, lo que implica que en esa franja estarían las personas de 14 y 15 años, osea, sería mucho menor el porcentaje”.

Barbirotto, que en otras ocasiones había manifestado su desacuerdo con la aplicación de la baja en edad de punibilidad, sostiene que “la primera regla es acceso a derecho, garantizar el ejercicio de los derechos que se tiene, y ahí vamos a evitar el ingreso de los chicos al sistema penal.

Segundo, no es procedente, porque toda normativa internacional y, recientemente, el Comité de los Derechos del Niño en Ginebra hizo un informe, que es de carácter obligatorio para nuestro país, estableciendo que Argentina no debe bajar la edad de punibilidad, lo dijo claramente y ya lo viene repitiendo en otras oportunidades, a parte, hay otro principio constitucional importantísimo que es el de no regresividad, es decir, no se puede volver a estándares anteriores inferiores al que se tiene, por ejemplo, bajar la edad de punibilidad en nuestro país es un retroceso en acceso a derecho porque hablamos de privación de la libertad a quienes que tenemos que garantizarle derechos, es decir, volveríamos a la época peor que la última dictadura cívico militar porque, aún inclusive, antes del regreso a la Democracia, fue quien elevó la edad de punibilidad a 16 años”.

“El tercer motivo es porque es contraproducente. En todos los país donde se bajó la edad de punibilidad, no disminuyó el delito, todo lo contrario, subió porque uno de los elementos fundamentales del delito es la exclusión del cuerpo social. Cuando a un chico lo privo de libertad cada vez a más temprana edad, lo privo de la escuela, lo excluyo de su familia, su ámbito, lo excluyo de la posibilidad de un trabajo y las únicas puertas que le abro son las del crimen organizado o la delincuencia que son los únicos que lo van a captar porque, seguro, la sociedad le va a cerrar las puertas a un adolescente que ya estuvo privado de la libertad por penas muy breves, entonces, lo voy a tener privado de libertad, donde no va a hacer nada para su reinserción y totalmente estigmatizado” explicó.

“No es necesario, no es procedente y, peor aún, es contraproducente la baja de la edad de punibilidad, por eso el mensaje de todas las instituciones que trabajamos en este tema; formo parte de la redes de jueces de Unicef y hemos sido muy fuertes en la crítica al tema de la baja de edad de punibilidad pero, al margen de eso, se sigue insistiendo con esto y, siempre, vuelvo a repetir, en años electorales porque es de manual, sale en años electorales y en enero”, remarcó el juez de menores.

En nuestro país, “la ley que rige el sistema penal de la minoridad es de la última dictadura cívico militar, ni siquiera pasó por un Congreso, fue hecho por decreto/ley. Desde 1983 a la época hubo un montón de posibilidad de modificarlo y no se ha hecho, hubo intentos pero todos los intentos caen en la tentación de la baja de edad de punibilidad como un mensaje de lo que la gente quiere”.

En lo personal, “no creo que salga porque económicamente no es factible en la situación que se encuentra nuestro país, estamos hablando de déficit cero y de ahorro y vamos a andar creando centros especializados, con personal especializado y más cargos en la Justicia para tratar estos temas y que implica una erogación muy grande, porque es un bajar la edad de punibilidad y se terminó porque estamos hablando que se tendría que ingresar más personas al sistema penal”.

El ejemplo “Entre Ríos es un espejo a nivel nacional para poder ver la baja de la edad de punibilidad. Desde el año 2016 tenemos un proceso con adolescentes de 14 y 15 años, por delitos muy graves, donde no se le pone penas y donde trabajamos la responsabilización”, recordó el juez y agregó: “no se los puede ni poner en una celda detenido preventivamente, pero si sabe que hay un mensaje de la Justicia donde se lo cita, delante de un juez y un fiscal, donde se evalúa la prueba y se trabaja”. Desde su implementación, “no tuve ningún juicio todavía que involucre a menores de 14 y 15 años con delitos graves”, subrayó Barbirotto.

Anteriormente, la administración de Cambiemos impulsó un proyecto de reforma del régimen penal juvenil para bajar la edad de ‘imputabilidad’ de los menores que cometen delitos, de 16 a 14 años.

“Fui uno de los cerca de 90 convocados con Unicef. Debo agradecer al Ministerio de Justicia porque, a partir de esta experiencia, me dio una beca para la Universidad de Ginebra, donde está el Comité de los Derechos del Niño y nuestros profesores eran, nada más ni nada menos, que el presidente del comité y gente muy reconocida en Europa sobre la materia Penal Juvenil, que trabajan en la experiencia de la ‘Justicia Restaurativa’ o en otras formas de no justicia retributiva del castigo únicamente y esta gente también participó de un par de reuniones y fueron contundentes al decir que Argentina no debe bajar la edad de punibilidad”, aseveró.

“No fue un buen antecedente porque toda la gente que convocaron para escuchar su opinión, no fue escuchada. Esto puede ser un argumento más si llega a tratarse algún día legislativamente: Fueron convocados todos los expertos del país para dar una opinión y no fueron escuchados”, afirmó el juez Barbirotto.

“Ninguna reforma penal que aumente penas va a solucionar el tema de la inseguridad porque pensar que la seguridad se resuelve con penas más graves, tenemos el ejemplo de (la Ley) Blumberg – donde se hizo un mamarracho del código penal y no se solucionó absolutamente nada porque la respuesta a la prevención no va por el código penal, va por otro tipo de políticas, que tienen que ver con políticas inclusivas, garantizando derechos que ya se tienen, donde no hay que modificar ninguna ley, porque están en toda la legislación, lo que hace falta es ponerlos en ejercicio”, concluyó el magistrado.

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