Lo ocurrido en la República del Paraguay con el remolcador de empuje argentino Piray Guazu, de la dotación de la empresa naviera Maruba SA constituye el avasallamiento de los derechos fluviales argentinos por parte del estado guaraníAdemás de una expresa violación a lo normado por el «Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná dado que según este Tratado Internacional,  la «Reserva de Carga Nacional» no existe desde 1994 en el Paraguay, cuando se dió paso al principio de «Reserva de Cargas Regional» que puso en un pié de igualdad a todos los estados signantes de dicho acuerdo. Ante tal situación, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales argentino se declaró en estado de «Alerta».

El avasallamiento de los derechos fluviales argentinos en la Hidrovía PP por parte de la República del Paraguay se originó tras la denuncia realizada por el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay contra la compañía naviera CONAY, cuya embarcación de bandera argentina habría violado, según los armadores paraguayos  la «Ley de Reserva de Cargas» nacional que rige en Paraguay, por lo que  la Prefectura paraguaya procedió a la detención del buque de bandera argentina «Río Piray Guazú». El remolcador de empuje había sido contratado por una empresa paraguaya en virtud de la pronunciada bajante que se registra en el río Paraguay y considerando que el mismo es el ideal para navegar con poca profundidad.

El Paraguay reinvindica una “Ley de Reserva de Cargas”, instrumento legal que reserva el derecho de transportar en buques de esa bandera la totalidad de las cargas de exportación e importación lo que constituye un flagrante incumplimiento a lo establecido en los artículos 10 y 11 del Tratado de Transporte Fluvial que firmaron la Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y la República Oriental del Uruguay.

El «Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto de Cáceres-Puerto de Nueva Palmira)  establece taxativamente en el artículo 10 el principio de Carga Regional por el cual «el transporte de bienes y personas entre los países signatarios que se realicen con origen y destino en puertos localizados en la Hidrovía, queda reservado a los armadores de los países signatarios en igualdad de derechos, tratamientos y condiciones establecidas en el presente Acuerdo«. Asimismo, queda establecido que el «ejercicio del derecho a la reserva de carga regional, se hará efectivo en forma multilateral y su implantación se basará en el principio de reciprocidad«.

Por otra parte, en el artículo 11  de dicho Acuerdo de Trasporte Fluvial por la Hidrovía Paraná Paraguay elimina «en favor de las embarcaciones de bandera de los países que integran la Hidrovía, a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, las limitaciones existentes al transporte de determinados bienes o personas reservados en su totalidad o en parte a las embarcaciones que naveguen bajo bandera nacional del país de destino o de origen«.

Además, el Tratado de la Hidrovía Paraná Paraguay contaba con una «Disposición Transitoria» que establecía el modo en que la República del Paraguay eliminaría su sistema de Reserva de Carga nacional – hoy invocada por parte de las empresas navieras guaraníes hoy denunciantes de esta situación y que determinaron la interdicción del remolcador argentino «Piray Guazú»-. La Disposición Transitoria establecía que «la República del Paraguay se compromete a eliminar el cincuenta por ciento (50 %) de su reserva de carga al 31 de agosto de 1992 y un diez por ciento (10 %) adicional al entrar en vigor el Acuerdo. Después de su entrada en vigor, eliminará el veinte por ciento (20 %) al 31 de diciembre de 1993 y el veinte por ciento (20 %) restante antes del 31 de diciembre de 1994«.

Por lo que de acuerdo a este tratado internacional, desde hace más de 25 años que la Reserva de Carga de Paraguay no existe porque así quedó establecido en el acuerdo signado por las Repúblicas de Bolivia, Federativa del Brasil, Paraguay y Oriental del Uruguay.

Por su parte, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo de la República Argentina remitió sendas notas, firmadas por el titular de dicho sindicato, capitán Julio Benjamín González  Insfran, al Canciller argentino, Dr Jorge Faurie y al embajador argentino en el Paraguay, Dr. Julio César Vera Cáceres; en las mismas solicitan que se defiendan los intereses fluviales de la Argentina en la Hidrovía Paraná Paraguay, declarándose en estado de «Alerta» dado que la operatoria del «Río Piray Guazú» constituye un primer gran paso para comenzar a estar nuevamente presente en el tráfico fluvial con un remolcador argentino; además de las consecuencias sociales que este entorpecimiento implica por la pérdida de puestos de trabajo .

Lo ocurrido en la República del Paraguay determina la necesidad de que la República Argentina recupere la soberanía fluvial para así empezar a negociar en un pié de igualdad con el resto de los países firmantes del Tratado de la Hidrovía PP, que es la principal vía del comercio exterior del Mercosur.

Quizás habrá llegado el momento que con el cambio de gobierno, los argentinos repiensen su política fluvial en todas aquellas hidrovias que se relacionan con el Paraguay, tanto en la Hidrovía Paraná -Paraguay, en el Río de la Plata como en el Alto Paraná; es que demasiadas concesiones realizadas por parte de la Argentina en el plano fluvial durante los cuatro últimos años habría determinado que los armadores paraguayos confundan diplomacia con debilidad.

Fuente: Compromiso Fluvial.

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